IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

Los Residentes Fiscales en el extranjero, a partir del 22 de Marzo 2018, tienen derecho a que se les aplique la normativa fiscal de la Comunidad Autónoma Española donde se encuentre el domicilio del causante del Impuesto ( el fallecido o el donante) ó donde se encuentre el bien (generalmente el inmueble) que origina el Impuesto.

Dicho cambio en la legislación se ha originado porque el TRIBUNAL SUPREMO en Sentencias nº. 242/2018 del 19-02-2018 y Sentencia nº. 491/2018 del 22-03-2018) ha creado jurisprudencia obligando a las autoridades fiscales españolas a que se aplique la legislación autonómica a los residentes fiscales en el extranjero, incluso fuera de la UE y del EEE.

Dichas sentencias del T. Supremo  recogen a su vez la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (entre otras la de 3/09/2014 (Asunto C-127/12), que establece  que la cuota satisfecha por dicho Impuesto no se ajusta a Derecho al haber declarado dicha sentencia incompatible con la normativa europea la norma interna española que regulaba los puntos de conexión para la cesión del tributo a las Comunidades Autónomas al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste, y que, a la postre, ha resultado ilegal.

Declara la doctrina jurisprudencial europea que, la normativa de un Estado miembro que hace depender la aplicación de una reducción de la base imponible de la sucesión o de la donación del lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento del fallecimiento, o del lugar de residencia del donante y del donatario en el momento de la donación, o también del lugar en el que está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, cuando da lugar a que las sucesiones o las donaciones entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes inmuebles situados en otro Estado miembro, soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o las donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Estado miembro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de capitales (se cita en este sentido, en materia de donación, la sentencia Mattner EU:C:2010:216 , apartado 28, y, en materia de sucesión, la sentencia Welte EU:C:2013:662 , apartado 25).

En la normativa española se observa que los artículos 32 y 48 de la Ley 22/2009 prevén expresamente la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan cierto número de reducciones fiscales que sólo se aplican en caso de conexión exclusiva con el territorio de esas Comunidades.

De ello resulta que la sucesión o la donación en la que intervenga un causahabiente o un donatario o un causante que no reside en el territorio español, o también una donación o una sucesión que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera del territorio español, no podrá beneficiarse de esas reducciones fiscales, por lo que el valor de esa sucesión o esa donación se reducirá.

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